Consejo Nacional contra el Crimen Organizado

Con el objeto de lograr la coherencia de las políticas, medidas y acciones del Estado en la prevención y persecución del lavado de dinero ligado al narcotráfico, con facultades de recabar información financiera, detectar estas actividades y coordinar acciones con otras autoridades se creó en 1999 la Ley 285, Ley de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. Dicha Ley creó la Comisión de Análisis Financiero  como instancia técnica de coordinación interinstitucional del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas.

Sin embargo en 2010 se creó y publicó la Ley 735, Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados,  la cual sustituyó al Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas por el

Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, instancia que ahora tiene un campo de acción más amplio, ya no sólo contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sino contra todas las formas de crimen organizado, lo que amplía su ámbito de competencias para prevenir el lavado de dinero y activos procedentes de cualquier actividad ilícita y financiamiento del terrorismo.

Según el Arto. 4 de la Ley No. 735, el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado es el órgano rector del Estado para la elaboración, impulso y evaluación de políticas nacionales, planes y acciones preventivas, en contra de los delitos incluidos como crimen organizado.

La misión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado es coadyuvar a las políticas, planes, proyectos y acciones preventivas en materia de la lucha contra el crimen organizado y sus distintas modalidades, fortaleciendo las coordinaciones entre las instituciones miembros del Consejo, fomentando la sensibilización y participación de la sociedad nicaragüense en la lucha y combate contra la  criminalidad organizada a través de programas y proyectos  de rehabilitación,  reinserción social, elaboración de políticas públicas así como protección de personas relacionadas con el enfrentamiento del crimen organizado.

Según la Asamblea Nacional, los alcances esperados para finales de este año será la ampliación de las capacidades de las instituciones miembros del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, así como de la sociedad en su conjunto para contribuir a combatir y prevenir el crimen organizado en sus diversas modalidades. Así mismo formular, armonizar y consolidar un Plan de Acción Nacional Contra el Crimen Organizado.

Algunas instituciones miembros del Consejo son el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Dirección General de Servicios Aduaneros y Ministerio Agropecuario y Forestal.